LA CORTE SUPREMA: AYER, HOY Y MAÑANA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de la República, la máxima instancia jurisdiccional que garantiza los derechos constitucionales y controla el proceso político, el interprete final de la Constitución y el custodio de su supremacía.
Los hitos principales de su historia son:
1853 La Constitución, dictada el 1º de mayo, creó la Corte Suprema integrada por 9 jueces y 2 fiscales, designados por el Presidente con acuerdo del Senado.
1854 El presidente Justo José de Urquiza designa a los integrantes de la Corte Suprema, entre los que estaban Facundo Zuviría y Martín Zapata, pero nunca asumieron.
1860 Se reformó la Constitución y se dejó que la ley fijara el número de jueces de la Corte. El 30 de octubre el presidente Santiago Derqui dejó sin efecto aquellos nombramientos.
1862 La ley 27 estableció que la Corte se componía 5 ministros.
1863 El 15 de enero asume, con sede en Buenos Aires, la primera Corte, presidida por Francisco de las Carreras, designado por el presidente de la Nación.
1930 Por acordada del 10 de setiembre resuelve “acusar recibo” y reconocer el gobierno de facto del general José Félix Uriburu. El presidente de la Corte, por primera vez fue designado por el Cuerpo, lo que fue ratificado por el presidente Agustín P. Justo.
1943 El 7 de junio reitera la acordada de 1930 convalidando al nuevo gobierno de facto.
1946 Se inicia juicio político a 4 jueces de la Corte (uno renuncia) y del procurador general, por haber dictado las acordadas de 1930 y 1943, que convalidaron los gobiernos de facto, y por haber limitado el accionar del último de ellos. No se le hizo juicio político al entonces presidente constitucional, Juan Domingo Perón, vicepresidente en el último gobierno militar; ni a Tomás Casares juez de la Corte nombrado por dicho gobierno.
1947 El 30 de abril el Senado destituye a 3 ministros y al procurador de la Corte y se designa a otros adictos a Perón. En su reglamento se consagra que el presidente de la Corte es designado por la misma cada 3 años y es reelegible.
1955 La “revolución libertadora” destituyó a Corte, nombró a otra y declaró “nula y sin ningún efecto” a 12 acordadas (de 1952 a 1955), de adhesión al gobierno de Perón.
1958 La ley 15.271 aumentó a 7 el número de miembros, lo que hizo renunciar al ministro Alfredo Orgaz por “cansancio moral”.
1966 El general Onganía destituyó a la Corte y nombró otra de 5 jueces (ley 16.895).
1970 Se designa juez de la Corte a Margarita Argúas, la única mujer que la integró..
1973 Renuncian los jueces del Alto Tribunal y el gobierno de jure designa nueva Corte.
1976 El golpe militar del 24 de marzo destituye a la Corte y designa otros miembros.
1983 Raúl Alfonsín designa una nueva Corte, ante la renuncia de sus integrantes.
1985 Se establece que el Cuerpo designa un Ministro Decano, sustituto de su Presidente.
1988 Se reemplaza al Ministro Decano por el cargo de Vicepresidente de la Corte.
1989 La acordada Nº 44 (22 de setiembre) se opone a aumentar el número de ministros.
1990 La ley 23.774 lo aumenta a 9 miembros (gobierno de Menem), y se forma la “mayoría automática” y se establece el requisito de la “cuestión trascendente”, para admitir los recursos de apelacion y de queja (writ of certiorari)..
1993 El pacto de Olivos, de Menem y Alfonsín, hace renunciar a la Corte a Mariano Cavagna Martínez y Rodolfo Barra y se nombra a Guillermo López y Gustavo Bossert.
1994 La reforma constitucional estableció que el acuerdo del Senado en la designación de jueces de la Corte será con dos tercios de votos, y se creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que presiden el presidente y vice de la Corte.
1995 La ley 24.463 establece el recurso ordinario a la Corte en los juicios previsionales.
1997 Desestimó 2170 recursos ordinarios, extraordinario o de queja; y dictó 36.715 sentencias y autos interlocutorios, 31.055 previsionales y 5660 de otras materias.
1998 Falló 46.435 causas, la mayor cifra de su historia, 40.423 previsionales y 6.012 de otras materias. La Corte tenía ya 900 funcionarios y empleados (127 temporarios); 15 eran secretarios, con sueldo de camarista, 7 con funciones judiciales, 1 prosecretario y 82 secretarios letrados, con sueldos de jueces de primera instancia.
1999 Falló 16.120 causas, 8.943, previsionales, y 7177, no previsionales, uno de estos a favor de su ministro Santiago Fayt, que anuló un párrafo de la Constitución, modificada en 1994 (art. 99 inc.4), que exigía nuevo acuerdo para los jueces que tengan 75 años de edad, fundado en que la ley no habilitó a la Convención a hacer esta reforma.
2002 Falló el caso “Smith” del “corralito” (1º de febrero) y los “atrapados” iniciaron más de 150 mil amparos en el país. En contra de este fallo el gobierno impulsa el juicio político a todos los jueces de la Corte, que fue rechazado por la Cámara de Diputados. Renunció Gustavo Bossert y lo reemplazó Juan Carlos Maqueda, presidente provisional del Senado.
2003 Resuelve el caso “Provincia de San Luis”, sobre el “corralito” y cuando se anuncia la sentencia del caso “Lema”, un ahorrista atrapado, Gustavo Béliz y Néstor Kirchner atacan a los miembros de la Corte y se intentan juicios políticos a Santiago Fayt y Julio Nazareno, el que renuncia, luego de un lamentable reportaje televisivo. Kirchner dictó el Decreto 222/03 por el que se autolimita al designar a los jueces. Se inició juicio político a Eduardo Moliné O´ Connor, quién renunció a la vicepresidencia de la Corte, y la Cámara de Diputados le forma causa y lo acusa ante el Senado. Kirchner propuso designar en la Corte a Eugenio Raúl Zaffaroni y por el Decreto 222 recibió más de 900 adhesiones e impugnaciones. El Senado trata en estos días su pliego.

ALGUNAS REFLEXIONES PARA EL MAÑANA

1. La sociedad argentina reclama una Justicia independiente y más eficiente, pero los integrantes de la Corte actual están desprestigados, aunque no lo esté la institución.
2. El ministro Roberto Lavagna resiste la jurisprudencia de los casos “Smith” y “San Luis”, y no quiere que se falle el caso “Lema”, postergando la solución del “corralito”.
3. El presidente Kirchner y el ministro Beliz presionan a los jueces de la Corte para que renuncien, comenzando por los “menemistas”, y quieren una nueva composición de una Corte más adicta. En Santa Cruz, cuando era gobernador Kirchner aumentó el número de vocales del Tribunal Superior y consiguió una mayoría que le era favorable, con un presidente que había sido uno de sus ministros.
4. El candidato Zaffaroni, un penalista justicialista, que fue legislador del Frepaso, y que apoya a Kirchner, es “abolicionista” del sistema penal vigente, y fue objetado porque:
a) Fue juez durante el “proceso militar” y juró por el “estatuto de la revolución”.
b) Escribió un libro, sobre el Código de Justicia Militar y los tribunales militares, con el doctor Ricardo Juan Cavallero, donde reconoce valor jurídico a los bandos militares.
c) En 1988 la Corte le revocó dos fallos: uno que calificó de “enormidad jurídica”, y donde dijo que no había robo de un rodado estacionado en la calle, por ser una cosa abandonada; y otro que declaró inconstitucional el artículo 14 del Código Penal, por no otorgar libertad condicional a los reincidentes de delitos.
d) En 2000 declaró inconstitucional la punición del consumo de drogas por ser un acto privado, fuera del control del Estado.
e) No denunció en su declaración jurada de bienes, cuando fue funcionario del gobierno de la Alianza, fondos en cuentas de bancos de Brasil, España y Suiza.
5. La acusación en el juicio político a Moliné O’ Connor se fundó en:
a) Hechos que nada tienen que ver con los verdaderos motivos por los que se lo quiere
destituir, o sea por ser “menemista”, cerebro de la “mayoría automática” o por los fallos del “corralito”, como ocurrió en 1947;
b) Sentencias que han sido firmadas también por otros ministros o que confirman dictámenes o fallos de otros fiscales o jueces a los que no se los involucra en la acusación, lo que es discriminatorio;
c) Criterios adoptados en fallos, lo que convierte al el juicio político en una nueva instancia judicial;
d) En el caso “Leiva” donde se lo acusa de “mal desempeño” como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y no como ministro de la Corte, lo que contradice el artículo 24 de la Ley 24.937, que fija un trámite distinto al juicio político.
6. El Decreto 222 puso a disposición de la sociedad las propuestas presidenciales de designaciones en la Corte, y exige a los candidatos declarar públicamente su curriculum vitae y su estado patrimonial, lo que transparenta un trámite que siempre fue sigiloso, aunque no admite sugerir a otros. Obliga, además, a declarar el nombre de los clientes, que el abogado propuesto, atendió en los últimos 8 años e indicar los estudios jurídicos en que trabajó (esto no fue declarado por Zaffaroni), lo que atenta contra el secreto profesional y es discriminatorio. Desde 1994 la comisión de acuerdos del Senado hace audiencias públicas, lo que es saludable ya que se terminó con los acuerdos secretos, que magistralmente manejaba el senador Vicente Saadi, presidente de la misma, durante la época de Alfonsín.
La independencia de la Corte, y la imparcialidad, honestidad e idoneidad de sus jueces, es indispensable para lograr la anhelada seguridad jurídica.

Córdoba, setiembre de 2003.