REPRESENTACIÓN, PARTIDOS Y REFORMA POLÍTICA

Jorge Horacio Gentile (*)

            La reforma política que reclama hoy la Argentina implica cambios legislativos y fortalecer la ética de la responsabilidades de los políticos y los ciudadanos. Hay que partir de las necesidades de la sociedad política y su relación con el bien común, y diferenciarla de las necesidades de eficiencia del funcionamiento del mercado, que no siempre concuerdan. Ello supone definir fines, adecuar medios, generalmente a través de modificaciones constitucionales o legales, y cambiar actitudes de los dirigentes y la ciudadanía frente a lo político. Siempre habrá que tener en cuenta la ejemplaridad que caracteriza la actividad política dentro del sistema democrático constitucional. La educación política es indispensable para dar sustento y proyectar al futuro estos cambios.

La crisis de la representación política y de los partidos se mostró en gran relieve en las elecciones de octubre del 2001, con el “voto bronca” y en los acontecimientos que se sucedieron a partir de diciembre de ese año y en las últimas elecciones presidenciales, que no tuvieron el protagonismo de los partidos políticos -especialmente los dos más importantes que tuvo el país desde mediado del siglo XX, el PJ y la UCR- que se  desarticularon, sin que hasta hoy se hayan reconstituidos o en su reemplazo se hayan creado otros, que cumplan con la insustituible función de mediar entre la sociedad y el estado, de renovar los liderazgos, hacer efectiva la representación política, y de ser escuelas de la democracia.

El desprecio por los partidos políticos viene dela historia y los políticos han sido los primeros en denostarlos. La absurda idea “movimientista”, que confundía a los partidos con la Nación, sustentada por Hipólito Yrigoyen y por Juan Domingo Perón, y de la que se hizo eco también Raúl Alfonsín, cuando habló del “tercer movimiento histórico”, fue perniciosa para el desarrollo de los partidos, por confundir la parte con el todo y por la idea hegemónica que la sustentaba, contraria al sano y competitivo pluralismo democrático.

Juan José Sebreli dice que “(...)tanto en Alfonsín como en Menem subsistían las reminiscencias del pasado; en su fuero interno y en la mejor tradición de la vieja política personalista, los dos desdeñaban a sus respectivos partidos y tendían a gobernar prescindiendo de estos. Ambos los dejaron relegados y abandonados a sus internas feroces y contradicciones insolubles, a las que ellos contribuían con su propio personalismo. Alfonsín se rodeó de los jóvenes de la Junta Coordinadora, resistidos por los miembros más antiguos del partido, y Menem de una corte variopinta y obsecuente, `el entorno menemista’.” Ambos negociaron y firmaron el pacto de Olivos (1993), gestionado por sus respectivos “operadores” (otra lacra de los partidos): Enrique “Coti” Nosiglia y Luis Barrionuevo.

Hoy los grandes partidos históricos se han fracmentado y los restos de sus aparatos se nuclean alrededor de liderazgos provinciales o municipales, alguno de los cuales -como el PJ de la provincia de Buenos Aires- mantienen su poderío, por lo menos como empresa electoral “clienteril”, y los nuevos partidos carecen de estructura territorial, de cuadros dirigentes y de propuestas dasarrolladas por equipos técnicos.

El “peronismo” aparece como una gran pantalla donde se esconden grandes discrepancias, que van desde una izquierda “setentista” hasta una derecha “menemista”, y donde pretenden alojarse liderazgos de perfiles contradictorios como los de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, de fuerte vigencia actual, y los hoy decadentes de Carlos Menem y Adolfo Rodriguez Saá. Sus fronteras son difusas, el estar o ir a elecciones por dentro o por fuera, el repartirse en lemas y sublemas, en alianzas o sumatorias de votos, o el practicar el juego de la “transversalidad”  deja siempre la sensación de que se pretende instalar un poder “hegemónico” que desborda cualquier esquema racional de partido o sistema de partido al servicio de la democracia.

Sin partidos políticos no hay democracia constitucional ni posibilidades de absorver a los nuevos liderazgos que la sociedad produce, como quedó demostrado después de los actos de diciembre del 2001, donde la participación popular no siempre encontró los canales adecuado de los partidos para insertarse en la lucha democrática por el poder.

PROPÓSITOS

            La definición de los fines y propósitos de esta reforma pasa por los siguientes postulados:

1.    Poner la política al servicio del bien común y no de los políticos, de los partidos, de las corporaciones y demás actores sociales.

2.     Mejorar la calidad de la representación política.

3.     Aumentar y mejorar las participación ciudadana.

4.    Irrestricto cumplimiento de la Constitución y la ley por parte de gobernantes  y ciudadanos.

5.     Hacer más transparente la política.

6.    Establecer y hacer cumplir las reglas de ética en el gobierno y la administración pública.

7.    Revisar la educación y capacitación política de ciudadanos y dirigentes.

8.    Mejorar la información y difusión pública de los actos de gobierno.

9.    Fortalecer a los partidos políticos especialmente en lo que hace a su democracia interna, a la capacitación de sus dirigentes y a la difusión de su ideario.

10.   Buscar a través de procedimientos adecuados la idoneidad de quienes  ejercen cargos en el gobierno y la administración pública.

11.  Mejorar la comunicación entre instituciones, políticos y ciudadanos, promover el debate de ideas y poner límites a la propaganda y al marketing político.

12.   Modernizar y hacer más eficientes las instituciones políticas.

13.  Incorporar nuevas tecnologías al funcionamiento de las instituciones y al ejercicio de la política.

14.   Bajar el costo de la política.

15.   Desjudicializar la actividad política.

16.   Mejorar las relaciones entre la política y el “tercer sector” (sociedades intermedias y ONGs).

17.   Compatibilizar lo político con los derechos del ciudadano.

18.   Reubicar la política en el marco de la globalización.

LAS REFORMAS

1.        INSTITUCIONALES:

Las instituciones deben servir para que hacer más participativa a la democracia,

transparente la representación política, erradicar la corrupción, facilitar el debate, el consenso y hacer posible el diseño de políticas de estado, que acoten el disenso político, para lo cual hay que:

1.1   Revisar el número de legisladores (v. gr.: el mínimo de cinco  por provincia en la Cámara de Diputados de la Nación).

1.2    Dejar sin efecto el piso del tres por ciento (3%) para que una lista de candidatos pueda acceder al reparto del sistema proporcional para ingresar a la Cámara de Diputados dela Nación.

1.3   Revisar la organización de ministerios y organismos  políticos y administrativos del Estado y fusionar los que cumplen iguales i similares funciones (v. gr.: Ver si no es conveniente  la fusión de la Auditoría y Sindicatura General de la Nación).

1.4    Poner límites a las reelecciones en órganos ejecutivos y legislativos.

1.5  Dictar códigos y crear comisiones de ética en los órganos legislativos.

1.6   Revisar y mejorar el funcionamiento y procedimiento de los órganos legislativos.

1.7  Reducir el número de comisiones en el Congreso de la Nación, como ya hizo el Senado.

1.8  Difundir mejor a través de los medios de comunicación la labor del Congreso.

1.9  Reducir la estructura de apoyo administrativo de los legisladores y establecer el concurso para el ingreso a cargos permanentes del Congreso.

1.10  Limitar y regular la asignación de subsidios, pensiones y ayuda social que disponen los legisladores, candidatos y partidos políticos.

1.11   Hacer unicameral algunas legislaturas provinciales (como ocurrió en Córdoba  en la reforma constitucional de 2001).

2.       ELECTORALES:

Para llevar a cabo estas reformas sería importante unificar pautas legisladas, actualmente reguladas en forma distinta a nivel nacional, provincial y municipal, para lo cual sería importante promover la sanción de leyes convenio que procuren unificar los requisitos, exigencias y controles sobre los partidos políticos, las campañas electorales y los padrones electorales. Las pautas serían las siguientes:

2.1        Facilitar las iniciativas y la consulta popular, para lo que hay que fexibilizar los requisitos exigidos hoy por las leyes reglamentarias nacionales.

2.2     Abolir las listas sábanas, para personalizar más la representación, y evitar el monopolio de los partidos en la conformación de la listas de candidatos.

2.3     Establecer el voto de preferencia.

2.4     Abolir el sistema electoral de “ley de lemas” que existe en algunas provincias por confundir al elector.

2.5     Separar las elecciones nacionales, provinciales y municipales.

2.6     Suprimir las sanciones por no ir a votar, ya votar es una obligación moral pero el que no quiere hacerlo puede “votar” en blanco, que es igual a no votar.

2.7     Unificar el padrón masculino y femenino y hacer un padrón nacional electoral único dividido en distritos (actualmente los padrones son de los distritos electorales).

2.8     Regular el voto de los privados de su libertad física o ambulatoria, no condenados, y de los  sordomudos que no se dan a entender por escritos.

2.9    Facilitar y evitar de hacer oneroso la obtención de documentos de identidad y los cambios de domicilio.

2.10  Establecer la cédula única para emitir el voto.

2.11  Implantar el voto electrónico.

2.12  Permitir el voto por correo para ausentes y discapacitados.

2.14  Permitir que se vote en cualquier centro de votación y no en un lugar y mesa determinada.

2.15   Estimular las elecciones internas abiertas.

2.16  Limitar el tiempo de las campañas electorales.

2.16  Hacer cumplir y mejorar la reglamentación del uso y publicación de encuestas y sondeos de opinión, especialmente el día de la elección.

2.17  Replantear el cupo femenino como acción afirmativa, transitoria, reducida a las candidatura, y no a los cargos electivos, y evitar el nepotismo.

2.18  Facilitar a los candidatos difundir sus propuestas y hacer debates en la campaña electoral en los espacios que oficialmente se provean en la televisión y en la radio.

2.19  Evitar confundir a los votantes con las palabras e imágenes que se ponen en las boletas o cédulas electorales.

2.20  Prohibir las rifas o tómbolas a favor de quienes votan por determinado candidato (como ocurrió en la elección municipal de El Colorado, Formosa).

2.21  Prohibir la entrega o promesa de asistencia social por parte de los candidatos a quienes son sus votantes.

2.22  Prohibir la propaganda gubernamental durante las campañas electorales.

2.23  Hacer más rigurosos los límites y controles en el financiamiento de las campañas políticas y los partidos, y establecer controles eficientes e imparciales (ley 25.600).

2.24  Desregular el funcionamiento institucional de los partidos políticos en lo referente al padrón de afiliados y asistir a los mismos para el mejor funcionamiento de su democracia interna y la educación política.

2.25  Revisar la regulación legal de las alianzas electorales y establecerla para las sumatorias de votos y las coaliciones entre partidos políticos.

3.       DE LA EDUCACIÓN POLÍTICA:

Un balance de los últimos veinte años de vida democrática nos indica que el mayor fracaso lo encontramos en la educación política. Ningún régimen político es viable sin que se eduque a quienes mandan y a quienes obedecen. En la democracia constitucional esto es esencial por la complejidad de las responsabilidades y funciones que deben asumir tanto los ciudadanos como los mandatarios.         

En el Siglo XX en la escuela secundaria hubo distintas etapas, signadas por el nombre de las materia dedicadas a la educación política.  Primero fue Instrucción Cívica, durante el peronismo se cabió por Cultura Ciudadana, con la “revolución libertadora” se la denominó Educación Democrática. Más tarde se la llamaría: Nociones de Derecho, Formación Cívica y Ciudadana y hoy, en el Cíclo Básico Unificado, se la denomina Educación Cívica.

En las universidades también hubo cambio de nombres y contenidos a lo que se denomina Derecho Político, que nos viene de España; o Ciencia Política, que proviene de Estados Unidos; o Teoría del Estado, expresión que suena a “estatista” o autoritaria. La facultades de ciencias políticas que había y hay en algunas universidades no fueron respuesta a esta necesidad. Sin embargo, después de 1983 el Derecho Constitucional cobró gran dimensión, especialmente después de la reforma constitucional de 1994, y su enseñanza se ha extendió a otras materias, nacidas de su propio contenido, como el Derecho Público Provincial y Municipal, el Procesal Constitucional, el Parlamentario y el de los Derechos Humanos.

 Los partidos políticos intentaron, también, este cometido con poco éxito, valiéndose, en muchos casos, de fundaciones creadas a ese efecto. En esta dirección encaminaron sus esfuerzos, también, algunas instituciones apartidarias del tercer sector, como Conciencia, y las filiales de las fundaciones alemanas Konrad Adenauer (demócrata cristiana), Friedrich Ebert (socialista) y Friedrich Neuman (liberal), para poner sólo algunos ejemplos.

En la reforma de 1994 se incorporó en el artículo 38 de la Constitución el reconocimiento de los partidos políticos a los que “El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.” La ley orgánica de los partidos políticos creó un Fondo Partidario Permanente por el que el Estado contribuye con las finanzas de los mismos, pero nunca se asignaron fondos específicamente para la capacitación de dirigentes, ni para nada que tenga que ver con la educación política. El INCAP, dependencia del Ministerio del Interior, ha implementado cursos y programas de educación política con escasa trascedencia, después de la reforma constitucional de 1994.

La Constitución de Córdoba de 1987 estableció como principio y lineamiento de política educativa: “Incorporar obligatoriamente en todos los niveles educativos, el estudio de esta Constitución, sus normas, espíritu e institutos.” (art. 62 inc. 10)

En la democracia es necesario educar al soberano, que es el pueblo, y al ciudadano, que lo integra, para que ejerza sus derecho y obligaciones cívicas, como simple votante, como afiliado o militante de algún partido político, como partícipe solidario de la vida ciudadana, como funcionario elegido por el pueblo o designado para ejercer una función pública.

El contenido de esto debe abarcar el conocimiento de la historia y de la sociedad donde se desenvuelve, de su constitución y de los valores e instituciones que la misma expresa.

Pero para que estos contenidos se incorporen a las vivencias de los educandos y modifiquen sus aptitudes, recordemos que no estamos hablando sólo de instrucción sino también de educación y formación política,  es necesario que abarquen tanto la política agonal, o sea la lucha por el poder, como la arquitectónica, o sea la constructiva o constructora, y que no se limite a aspectos puramente instrumentales como puede ser el marketing o la sociología electoral, que son la moda del momento.

La pedagogía a emplear deberá combinar la formación teórica con la práctica, ya que la política es ciencia, arte y virtud del bien común.

En este propósito hay que comprometer a los partidos políticos, al sistema educativo, a las instituciones políticas del Estado, a las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación.

Como conclusión podemos afirmar que tan importante y urgente como hacer cambios en la economía es hacer la reforma política, para lo cual no es necesario -por ahora- una reforma constitucional, pero esta no debe hacerse en base a soluciones simplistas y mágicas, sino que debe ser el resultado de un debate donde prevalezca la sensatez, el estudio y, si es posible, que concluya con el consenso.

Córdoba, Octubre de 2003.