| Dr. Jorge Horacio Gentile
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica de Córdoba |
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LA REFORMA POLÍTICA EN CÓRDOBALa vuelta, en 1983, a la democracia constitucional con
el restablecimiento de las garantías a los derechos humanos,
el reconocimiento del papel que le merece a la mujer dentro de
nuestra sociedad, los avances en materia de libertad religiosa
y el haber introducido los derechos al ambiente y a la ecología
en la agenda constitucional y política son los grandes logros
de nuestra generación. Sin embargo, el retorno a la democracia constitucional
hacía necesario una adecuación
de la política a los nuevos tiempos que se vivía y las
reformas que eran necesarias no se hicieron o se hicieron
condicionadas a necesidades coyunturales o mezquinas, como fue
el caso de las reelecciones, lo que trajo aparejado graves
consecuencias que hoy es necesario analizar, debatir y
decidir. Las crisis política nacional del año 2001 y la de las
elecciones provinciales de Córdoba del 2 de setiembre pasado,
con el tramo de gobernador y vice casi empatado, han puesto de
relieve esta grave postergación de nuestra sociedad
en lo que se refiere a la reforma política. Sin embargo, Córdoba fue la provincia que inició la reforma política y la misma tuvo un impulso importante cuando en 1987 dictó la quinta Constitución de su historia, que fue el aporte más importante que contribuyó a la reforma de la Constitución Nacional de 1994; ambas lamentablemente condicionadas a lo que verdaderamente las impulsó, como fueron las reelecciones del gobernador Eduardo César Angeloz y del presidente Carlos Saúl Menem La reforma en Córdoba se continuó con la consulta
popular y la reforma de la Constitución del 2001, por la que
la provincia volvió al sistema unicameral que había tenido
hasta 1871, reduciéndose
de 133 a 70 sus legisladores, a una drástica disminución de
la cantidad de sus empleados, y su presupuesto que era de 46,3
se bajó a 11,9 millones de pesos. Se mejoró la representación
con un sistema electoral mixto, con un legislador elegido en
cada uno de los 26 departamentos, por un lado, y otros 44
legisladores elegidos por una lista única de toda la
provincia, con bancas distrituidas por el sistema
proporcional, sin premio para las mayorías; ni castigo, con
techo para la minorías (del 2 por ciento), como había hasta
ese momento; con voto de preferencia (luego no reglamentado)
que intentaba superar el orden de las listas sábanas
impuestas por la cúpulas de los partidos; se dispuso que
hubiera legisladores suplentes, que pudieran incluso hacer
relevos transitorios; se abolieron los privilegios
parlamentarios, salvo el de opinión; se ampliaron los plazos
de las sesiones ordinarias a 11 meses; se estableció la doble
lectura para la aprobación de las leyes más importantes y se
abolió la aprobación ficta de las leyes prevista en la
Constitución de 1987. También se establecieron las elecciones internas
abiertas (tampoco reglamentado) y el control de los fondos de
los partidos (no debidamente implementado). Esta reforma
permitió el acceso a la misma de casi todas las expresiones
políticas de la provincia.en las elecciones del 2001, en la
que entraron a la misma representantes de 14 partidos políticos;
en la de 2003 ingresaron 10, que comenzaron a actuar en 6
bloques, aunque luego alguno de ellos de dividieron; y, en la
últimas de 2007, se eligieron legisladores de 14 partidos que
anuncian integrarse en 10 bloques, debiendo señalarse que
entre los mismos hay legisladores independientes o borocotistas, algo que acaba de ser prohibido en Brasil donde, el
cambiarse de partido, era muy frecuente. En esta reforma constitucional se deslizaron dos
errores, desde mi enfoque, como fueron bajar la edad mínima
de los legisladores de 21 a 18 años, sin que una demanda
juvenil, social o política así lo requiriera, lo que permitía
que pudiera haber legisladores civilmente incapaces, aunque
entiendo que luego no se elegieron legisladores de esa edad; y
se exageró la acción afirmativa del “cupo por sexos” al
imponer que las suplencias de los legisladores no se cubrirían
en el orden de lista por el que fueron votados, sino por
sexos, aunque saltearan a otros, que estuvieran antes en las
listas, lo ya no sólo cambia el orden de las mismas, que de
haberse reglamentado incluso podrían haber sido modificadas
por el voto de preferencia, sino que distorsiona la voluntad
popular. Recordemos que lo que se quiso con la ley nacional de
cupo era ampliar la participación femenina en las
candidaturas pero no alterar el sentido y las preferencias del
voto del electorado. La reforma no se continuó por la crisis de finales de
ese mismo año 2001 y por falta de voluntad políticas, y no
se reglamentaron, o se reglamentaron mal, alguno de los
cambios que se hicieron en la Constituyente. En la Legislatura
unicameral se aprobó un Reglamento interno, que mantuvo una
cláusula que tenía el Reglamento del antiguo Senado que es
contraria a lo que establecen casi todos los reglamentos
parlamentarios del mundo, por el que los asuntos entrados
pueden ser tratados “sobre tablas” con la aprobación del
voto de la mayoría simple del Cuerpo, lo que ha hecho que las
iniciativas del Ejecutivo, que tenía mayoría en ese Cuerpo,
entraran y salieran aprobadas, casi sin estudio ni debate, en
el día. Tampoco se modificó la división departamental de la
provincia, manteniéndose -con pocas variaciones- la diseñada
en el siglo XIX, frustando el propósito del constituyente que
pretendía una división departamental más equilibrada, hecha
con criterio regional, no sólo teniendo en cuenta las
afinidades históricas; territoriales; de infraestructura; de
comunicaciones; sino también por la cantidad y distribución
de la población; las necesidades de servicios o de la
producción. Esta omisión hace menos genuina la representación
territorial y menos eficaz la gestión del legislador que, en
algunos casos, deben atender los intereses de sus votantes en
poblaciones superpobladas, como por ejemplo en el departamento
Capital, que actualmente supera el millón y medio de
habitantes, a diferencia de otros que representan unos pocos
miles de habitantes, como los de los departamentos Pocho y
Minas. A los defectos funcionales de la Legislatura unicameral
se le sumó, como negativo, la poca atención que le brindaron
los medios de prensa a sus debates y la poca difusión de lo
que en la misma se trata y decide. A estas falencias deben agregarse la profunda crisis
que sufrieron los partidos históricos como el Justicialista,
el Radical, entre los mayores, y la Democracias Cristiana, los
socialistas y los conservadores, entre los de menos peso
electoral; el fraccionamiento de la política y de los
partidos, la pretensión de sustituirlos por liderazgos
personales, muchas veces sostenidos por el clientelismo político
o por la fama adquirida en los medios de comunicación desde
otras actividades sociales que poco tienen que ver con la política,
como el deporte, el espectáculo, etcétera; o la clara
intención de convertir a los partidos en sellos o formatos
jurídicos que sólo sirven para legalizar la presentación de
candidaturas en las elecciones, o integrar alianzas o
sumatorias de votos; el no funcionamiento, a nivel provincial,
del Consejo de Partidos Políticos creado en la Constitución
de 1987; todo lo cual ha contribuido a la destrucción del
sistema de partidos. En los últimos tiempo se han dado otras
formas o prácticas que expresan y acentúan el
fraccionamiento político, como la instauración en algunos
distrito de la ley de lema; las sumatoria de votos; la
prolongación de las alianza electorales después de las
elecciones, a modo de coaliciones políticas; la designación
de candidatos por los partidos, sumatorias o alianzas sin
elecciones internas; la presentación como candidatos a las
elecciones general de quienes perdieron o no se presentaron a
las elecciones internas de su partidos mediante otro partido o
alianza electoral; o la práctica del
borocotismo o del tranfugismo.
LA
CRISIS DEL 2 DE SETIEMBRE
Las elecciones en Córdoba del 2 de setiembre de 2007,
en el tramo de gobernador y vicegobernador, han
sido novedosas porque han traído a nuestro país, algo
que viene sucediendo en el mundo, como son las elecciones reñidas
o casi empatadas, como lo fueron las de EEUU en 2000, las de
Italia, Alemania Federal, México, Honduras y Costa Rica, y
que luego se repitió en la provincia de Chaco. En la historia de Córdoba ello ya había sucedido en
las elecciones de 1913, en que la fórmula oficialista Ramón
J. Cárcano y Félix Garzón Maceda le ganó por 176 votos a
la de los radicales Julián Amenabar Peralta y Jesús Vaca
Narvaja; lo que creó una situación conflictiva donde incluso
hubo muertos y heridos. La segunda fue el 24 de febrero de 1946 donde los peronistas, Argentino S.
Auchter y Ramón Asís, derrotaron por 183 sufragios a los
radicales Antonio Medina Allende y Juan Irós, lo que trajo un
conflicto que terminó al año siguiente con una intervención
federal En el caso de las del 2 de setiembre se le sumó un
prolongado y desprolijo estrutinio, que ha desnudado toda la
obsolecencia y defectos de nuestro sistema electoral, por un
lado, pero además, y esto es lo más grave, ha puesto a la
luz los graves defectos de nuestro sistema político y la
negligencia de quienes no supieron, no quisieron o postergaron
por negligencia la reforma política que era imprescindible,
desde 1983. Como consecuencia que ello se propusieron fórmulas mágicas,
de “solución inmediata”, como apartarse del Código
Electoral, pasando por alto el escrutinio de mesa y el
escrutinio definitivo, y que se hiciera el conteo de las
boletas abriendo las urnas; o se anulara la elección -como
propuso algún candidato- y se las hiciera de nuevo; o que los
electos no asumieran sus cargo para el que había sido elegido
en los municipio u órganos legislativos; o el desconocimieno
de la autoridad de la cosa juzgada decidida por los jueces;
todo esto, acompañando de presiones, que iban desde las
protestas callejeras, la sucesión de consignas a través de
afiches que se repetían todos los días o lo que provenían
de los medios de comunicación embanderados en una u otra
causa; hasta los escrache o amenazas de juicio político a los
jueces. Respecto de las “soluciones de fondo” se proponía,
con un simplismo y superficialidad admirable, otras fórmulas
mágicas como el balotaje, la supresión de la sumatoria de
votos, el voto electrónico o el volver al bicameralismo para
solucionar todos nuestros males. Lo positivo de todo esto es que ya no hay pretexto para
no debatir la reforma política, al menos en Córdoba, y que
si ello lo queremos hacer en serio no tenemos que limitarnos o
reducirla a cuestiones instrumentales o exclusivamente de
nuestro sistema electoral, sino que tenemos que enfrentar los
problemas de fondo, para lo cual tendremos que incursionar
hasta en los fundamentos de nuestro sistema político y ver
como se expresan en nuestras practicas políticas, en nuestras
normas e instituciones. LOS
PROPÓSITOS FUNDAMENTALES DE UNA REEFORMA POLÍTICA
La definición de los fines y propósitos de esta
reforma pasa por los siguientes postulados: 1.
Poner la política al servicio
del bien común y no de los políticos, de los partidos,
de las corporaciones y demás actores sociales. 2. Fortalecer
el ingrediente valórico de la política, poniéndola al
servicio de la persona y de la comunidad en la que se
desarrolla, y exaltar los valores democráticos de libertad,
la igualdad y la fraternidad.
3.
Mejorar la calidad de la representación
política para dar mayor legitimidad
de la autoridad pública del Estado, sus organismos y
funcionarios. 4. Aumentar
y mejorar las participación
ciudadana no sólo en los comicios, sino en la vida política
y social. 5.
Someter al irrestricto cumplimiento
de la Constitución y la ley tanto a gobernantes
como a los ciudadanos. 6. Hacer
más transparente la
política. 7.
Establecer y hacer cumplir las reglas de ética
en el gobierno y la administración pública. 8.
Revisar la educación y
capacitación política de ciudadanos y dirigentes. 9.
Fortalecer a los partidos
políticos especialmente en lo que hace a su democracia
interna, a la capacitación de sus dirigentes y a la difusión
de su ideario. 10.
Buscar a través de procedimientos adecuados la idoneidad de quienes ejercen
cargos en el gobierno y la administración pública. 11. Mejorar la información
y difusión pública de los actos de gobierno y mejorar la 12.
Suprimir y poner límites en la legislación, a los fondos
secretos o reservados y los 13.
Modernizar y hacer más
eficientes las
instituciones políticas. Jerarquizar al Congreso y a los órganos
legislativos, suprimir los superpoderes
presidenciales que nos han llevado a un hiperpresidencialismo,
y hacer más independiente e idónea a la Administración de
Justicia. Reforzar y hacer más eficientes a los órganos de
control. 14.
Incorporar nuevas tecnologías
al funcionamiento de las instituciones y al ejercicio de la
política, especialmente de las denominadas del gobierno
electrónico. 15.
Bajar el costo de la
política. 16.
Desjudicializar la
actividad política y despolitizar
la Justicia. 17.
Mejorar las relaciones entre la política y el “tercer sector” (sociedades intermedias y ONGs). 18.
Compatibilizar lo político con los derechos
del ciudadano. 19.
Regular y controlar el accionar de los
lobbies. 20.
Reubicar la política en el marco de la globalización
y a los partidos dentro de los LAS REFORMAS
Para conseguir estos propósitos
es indispensable hacer algunas reformas institucionales,
electorales y de educación política que a continuación se
enumeran. I.
INSTITUCIONALES:
Las instituciones deben servir para hacer más
participativa a la democracia, transparente la representación
política, erradicar la corrupción, facilitar el debate, el
consenso y hacer posible el diseño de políticas
de estado, que acoten el disenso político, para lo cual
hay que: l Revisar el número de legisladores, suprimiendo el inconstitucional mínimo de
cinco por provincia en la Cámara de Diputados de la Nación y
dictar la ley, que a pesar de lo que exige el artículo 45 la
Constitución, no se ha dictado después de los dos últimos
censos de población de los años 1991 y 2001,
que establezca el número de diputados que le
corresponde elegir a cada provincia y a la ciudad autónoma de
Buenos Aires que es la Capital Federal, en forma proporcional
con los habitantes que tenga, ya que actualmente hay graves
asimetrías, como la que padece la provincia de Córdoba, que
tiene sólo 18 diputados, mientras que Santa Fe tiene 19, con
un poco menos habitantes, y la ciudad de Buenos Aires 25, con
menor cantidad que las otras dos provincias. 2.
Dejar sin efecto el piso del tres
por ciento (3%) para que una lista de candidatos pueda
acceder al reparto del sistema proporcional para ingresar a la
Cámara de Diputados de la Nación, que en la práctica sólo
es aplicable en el distrito que elige el mayor número de
diputados que es la provincia de Buenos Aires. 3
Poner límites a las reelecciones
en órganos ejecutivos; ya que algunos gobernadores de
provincia tiene por sus constituciones posibilidad de reelección
indefinida, como el caso de Santa Cruz Formosa y Santiago del
Estero; y legislativos, en estos últimos no hay ningún límite
ni en el orden nacional ni en el provincial. 4.
Dictar códigos y crear comisiones de ética
en los órganos legislativos. 5.
Revisar y mejorar el funcionamiento, procedimiento y
reglamentos de los órganos
legislativos e impulsar la capacitación de legisladores,
funcionarios y ciudadanos tanto en Derecho Parlamentario y
como en técnica legislativa. 6.
Reducir el número de comisiones
permanentes en la Cámara de Diputados de la Nación, que
actualmente tiene 45, como ya hizo el Senado, que bajó de 47
a 24. 7
Difundir mejor
a través de los medios de comunicación la labor
del Congreso,
especialmente
la forma como votan los diputados y senadores. 8
Reducir la estructura de apoyo administrativo de los legisladores y establecer el concurso
para el ingreso a cargos permanentes del Congreso. 9.
Limitar y regular la asignación de subsidios,
pensiones, becas y planes de ayuda social
que
disponen los legisladores, candidatos y partidos políticos. 10.
Hacer unicameral algunas legislaturas
provinciales (como ocurrió en Córdoba en la reforma
constitucional de 2001), y darle a estos órganos mayor
capacidad de debate y control
de las politicas de los gobernadores. 11.
Modificar la ley que reglamenta los decretos de necesidad y
urgencia, la legislación delegada
por el Congreso al Poder Ejecutivo y el veto presidencial, y
que creó la Comisión Bicameral Permanente. Levantar el
estado de emergencia en el orden nacional. 13. Incorporar a la Auditoría General de la Nación, órgano
de control externo dependiente del
Congreso Nacional, a la Sindicatura General de la Nación,
dependiente del Presidente de la Nación, y hacer un solo
ente, poniendo a la cabeza del mismo no un organismo
colegiado, como dispone actualmente la ley de Administración
Financiera (24.156), sino a un presidente elegido por el
partido político de oposición que tenga mayor cantidad de
legisladores en el Congreso, como exige el artículo 85 de la
Constitución. II. ELECTORALES:
Para llevar a cabo las reformas electorales sería
importante unificar pautas legisladas en forma diferente a
nivel nacional, provincial y municipal, para lo cual sería
importante promover la sanción de leyes convenio que procuren
unificar los requisitos, exigencias y controles sobre los partidos
políticos, las
campañas electorales, los
padrones electorales y la forma de elección. Las pautas a revisar serían las siguientes: 1.
Facilitar las iniciativas y la consulta popular, para lo que hay que fexibilizar
los requisitos exigidos hoy por las leyes reglamentarias
nacionales, provinciales y municipales. 2.
Abolir las listas
sábanas, o bloqueadas, para personalizar más la
representación, y evitar
el monopolio de las cúpulas de los partidos en la conformación
de la listas de candidatos. 3.
Establecer el voto de preferencia para la elección de diputados nacionales y así
desterrar las listas sábana. Hay quienes proponen también un
sistema de tachas, pero por sus carácter negativo nos parece
inconveniente, y otros proponen un sistema de voto por
circunscripciones, que sólo sería de aplicación en los
grandes distritos, o sea en provincia de Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires que renuevan nueve o más
diputados cada dos años, pero ello dejaría fuera de la Cámara
a las minorías y en la misma no estaría reflejado todo el
espectro electoral que en este momento es muy amplio. Algunas
críticas, que no compartimos, señalan que el sistema de
preferencias requiere un conocimiento de los candidatos que la
gente no tiene, que la “cultura política de nuestro pueblo
indica que muy pocos se tomarán el trabajo” de señalar la
preferencia y que el cambio o desbloqueo se da sólo dentro de
la lista que ofrecen los partidos, lo que no rompe con
la”partidocracia”. 4.
Abolir el sistema electoral de “ley
de lemas”, que existe en algunas provincias, porque
confunde al elector por la gran cantidad de boletas que
ofrecen los partidos o alianzas electorales en el “cuarto
oscuro”. 5.
Separar las
elecciones nacionales, provinciales y municipales, y
unificar las fecha de su realización por cada nivel del
estado por el que se vota. 6.
Suprimir las sanciones por no ir a votar, ya que votar es una obligación moral
pero el que no quiere hacerlo puede “votar” en blanco, que
es igual a no votar. 7. Unificar
el padrón masculino y
femenino y hacer un padrón nacional electoral único dividido en distritos (actualmente los padrones son de los
distritos electorales). Permitir, en consecuencia, que en los
centros de votación puedan concurrir varones y mujeres y no
que haya lugares donde sufragar separados por sexo 8.
Regular el voto de los
sordomudos que no se dan a entender por escrito. 9. Facilitar, y
evitar de hacer oneroso, la obtención de documentos
de identidad y los cambios
de domicilio. 10. Establecer el voto
electrónico y establecer un sistema de votación
equivalente al de la cédula
única para emitir el voto. 11. Permitir el voto
por correo, como ocurre en Estados Unidos,
para los que estarán ausentes del lugar de votación el día
del comicio y para los discapacitados. 12. Permitir que se vote en
cualquier centro de votación y no en un lugar
y mesa determinada. 13.
Estimular
las elecciones internas
abiertas en los partidos, tomando como ejemplo la reciente
experiencia de la provincia de Santa Fe. 14.
Limitar el tiempo de las campañas
electorales. 15. Hacer cumplir y mejorar la
reglamentación del uso y publicación de encuestas
y sondeos de opinión, especialmente el día de la elección.
16. Replantear el cupo
femenino como acción afirmativa, transitoria, reducida a
las candidatura, y no a los cargos electivos, y evitar el
nepotismo. 17. Facilitar a los candidatos
la difusión de sus propuestas y promover
debates en
la campaña electoral en los espacios que
oficialmente se provean en la televisión y en la radio. 18.
Evitar confundir a los votantes con las palabras
e imágenes que se ponen en las boletas
o cédulas electorales. 19.
Prohibir la entrega o promesa de asistencia
social por parte de los candidatos a quienes son sus
votantes. 20.
Prohibir la propaganda y difusión de la acción
gubernamental durante las campañas electorales. 21.
Hacer más rigurosos los límites y controles en el
financiamiento de las campañas electorales,
y establecer controles eficientes e imparciales. 22.
Revisar la regulación legal de las alianzas
electorales y establecerla para las sumatorias de votos y las coaliciones
entre partidos políticos, que actualmente no está legislado.
III.
DE EDUCACIÓN POLÍTICA:
Un balance de los últimos 24 años de vida democrática
nos indica que el mayor fracaso lo encontramos en la educación
política. Ningún régimen político es viable sin que se
eduque a quienes mandan y a quienes obedecen. En la democracia
constitucional esto es esencial por la complejidad de las
responsabilidades y funciones que deben asumir tanto los
ciudadanos como los mandatarios. También lo es por la
multiplicidad de actores e instituciones que intervienen tanto
para ejercer el poder, en sus distintas funciones, como para
controlarlo, y por los reclamos de garantía y respeto de sus
derechos que hacen los ciudadanos y las sociedades y
asociaciones intermedias.
En el Siglo XX en la escuela secundaria hubo distintas
etapas, signadas por el nombre de las materia dedicadas a la
educación política. Primero
fue Instrucción Cívica, durante el peronismo se cambió por
Cultura Ciudadana, con la “revolución libertadora” se la
denominó Educación Democrática. Más tarde se la llamaría:
Nociones de Derecho, Formación Cívica y Ciudadana o Educación
Cívica.
En las universidades también hubo cambio de nombres y
contenidos a lo que se denomina Derecho Político, que nos
viene de España; o Ciencia Política, que proviene de Estados
Unidos; o Teoría del Estado. La facultades de ciencias políticas
que había y hay en algunas universidades no fueron respuesta
a esta necesidad. Sin embargo, después de 1983 el Derecho
Constitucional cobró gran dimensión, y cobró un nuevo
impulso después de la reforma constitucional de 1994, y su
enseñanza se ha extendió a otras materias, nacidas de su
propio contenido, como el Derecho Público Provincial y
Municipal, el Procesal Constitucional, el Parlamentario, el
Electoral y el de los Derechos Humanos.
Los partidos políticos intentaron, también, este
cometido con poco éxito, valiéndose, en muchos casos, de
fundaciones creadas a ese efecto. En esta dirección
encaminaron sus esfuerzos, también, algunas instituciones
apartidarias del tercer sector, como Conciencia, Poder
Ciudadano, Cippec, Fundación del Río de la Plata y las
filiales de las fundaciones alemanas Konrad Adenauer (demócrata
cristiana), Friedrich Ebert (socialista) y Friedrich Neuman
(liberal), para poner sólo algunos ejemplos.
En la reforma de 1994 se incorporó en el artículo 38
de la Constitución el reconocimiento de los partidos políticos
a los que “El Estado
contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de
la capacitación de sus dirigentes.” La ley orgánica de
los partidos políticos número 23.298, en su artículo 46,
creó un “Fondo Partidario Permanente” por el que el
Estado Nacional contribuye con las finanzas de los mismos, lo
que recién se ha hecho efectivo en los últimos tiempos.
La Constitución de Córdoba de 1987 estableció como
principio y lineamiento de política educativa: “Incorporar
obligatoriamente en todos los niveles educativos, el estudio
de esta Constitución, sus normas, espíritu e institutos.”
(art. 62 inc. 10)
En la democracia es necesario educar al soberano, que
es el pueblo, y al ciudadano, que lo integra, para que ejerza
sus derecho y obligaciones cívicas, como simple votante, como
afiliado o militante de algún partido político, como partícipe
solidario de la vida ciudadana, como funcionario elegido por
el pueblo o designado para ejercer una función pública. Esta educación no debe limitarse a lo que puedan hacer
los partidos políticos o algunas asociaciones no
gubernamentales, debe alcanzar a todos los niveles del
sistema, desde el jardín de infantes hasta en las
universidades, y a la misma debe contribuir los medios de
comunicación y lo que podríamos denominar la educación no
formal, que tiene que ver con actos cívicos, patrióticos o
la veneración de símbolos patrios.
El contenido de esto debe abarcar el conocimiento de la
historia y de la sociedad donde se desenvuelve, de su
constitución y de los valores e instituciones que la misma
expresa.
Pero para que estos contenidos se incorporen a las
vivencias de los educandos y modifiquen sus aptitudes,
recordemos que no estamos hablando sólo de instrucción sino
también de educación y formación política, es necesario
que abarquen tanto la política agonal, o sea la lucha por el
poder, como la arquitectónica, o sea la constructiva o
constructora, y que no se limite a aspectos puramente
instrumentales como puede ser el marketing o la sociología
electoral, que son la moda del momento.
La pedagogía a emplear deberá combinar la formación
teórica con la práctica, ya que la política es ciencia,
arte y virtud del bien común.
En este propósito hay que comprometer a los partidos
políticos, al sistema educativo, a las instituciones políticas
del Estado, a las organizaciones no gubernamentales y los
medios de comunicación.
Como conclusión podemos afirmar que tan importante y
urgente como hacer cambios en la economía, en la
infraestructura, o en lapolítica exterior es hacer la reforma
política, para lo cual no es necesario -por ahora- una
reforma constitucional, pero esta no debe hacerse en base a soluciones
simplistas y mágicas, sino que debe ser el resultado de
un debate donde
prevalezca la sensatez, el
estudio y, si es posible, que concluya con el
consenso. Su eje central debe estar en fortalecer el
protagonismo y la educación de los ciudadanos, estimulando su
participación, valorando su opinión y poniendo al servicio
de los mismos las instituciones y a los políticos. Córdoba, octubre de
2007. (*) Es profesor de Derecho
Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba
y fue diputado de la Nación.
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