Dr. Jorge Horacio Gentile

Profesor de Derecho Constitucional
de la Universidad Nacional y de la
Universidad Católica de Córdoba

  

 
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LA REFORMA POLÍTICA EN CÓRDOBA

La vuelta, en 1983, a la democracia constitucional con el restablecimiento de las garantías a los derechos humanos, el reconocimiento del papel que le merece a la mujer dentro de nuestra sociedad, los avances en materia de libertad religiosa y el haber introducido los derechos al ambiente y a la ecología en la agenda constitucional y política son los grandes logros de nuestra generación.

Sin embargo, el retorno a la democracia constitucional hacía necesario una  adecuación de la política a los nuevos tiempos que se vivía y las reformas que eran necesarias no se hicieron o se hicieron condicionadas a necesidades coyunturales o mezquinas, como fue el caso de las reelecciones, lo que trajo aparejado graves consecuencias que hoy es necesario analizar, debatir y decidir.

Las crisis política nacional del año 2001 y la de las elecciones provinciales de Córdoba del 2 de setiembre pasado, con el tramo de gobernador y vice casi empatado, han puesto de relieve esta grave postergación de nuestra sociedad  en lo que se refiere a la reforma política.

Sin embargo, Córdoba fue la provincia que inició la reforma política y la misma tuvo un impulso importante cuando en 1987 dictó la quinta Constitución de su historia, que fue el aporte más importante que contribuyó a la reforma de la Constitución Nacional de 1994; ambas lamentablemente condicionadas a lo que verdaderamente las impulsó, como fueron las reelecciones del gobernador Eduardo César Angeloz y del presidente Carlos Saúl Menem

La reforma en Córdoba se continuó con la consulta popular y la reforma de la Constitución del 2001, por la que la provincia volvió al sistema unicameral que había tenido hasta 1871,  reduciéndose de 133 a 70 sus legisladores, a una drástica disminución de la cantidad de sus empleados, y su presupuesto que era de 46,3 se bajó a 11,9 millones de pesos. Se mejoró la representación con un sistema electoral mixto, con un legislador elegido en cada uno de los 26 departamentos, por un lado, y otros 44 legisladores elegidos por una lista única de toda la provincia, con bancas distrituidas por el sistema proporcional, sin premio para las mayorías; ni castigo, con techo para la minorías (del 2 por ciento), como había hasta ese momento; con voto de preferencia (luego no reglamentado) que intentaba superar el orden de las listas sábanas impuestas por la cúpulas de los partidos; se dispuso que hubiera legisladores suplentes, que pudieran incluso hacer relevos transitorios; se abolieron los privilegios parlamentarios, salvo el de opinión; se ampliaron los plazos de las sesiones ordinarias a 11 meses; se estableció la doble lectura para la aprobación de las leyes más importantes y se abolió la aprobación ficta de las leyes prevista en la Constitución de 1987.

También se establecieron las elecciones internas abiertas (tampoco reglamentado) y el control de los fondos de los partidos (no debidamente implementado). Esta reforma permitió el acceso a la misma de casi todas las expresiones políticas de la provincia.en las elecciones del 2001, en la que entraron a la misma representantes de 14 partidos políticos; en la de 2003 ingresaron 10, que comenzaron a actuar en 6 bloques, aunque luego alguno de ellos de dividieron; y, en la últimas de 2007, se eligieron legisladores de 14 partidos que anuncian integrarse en 10 bloques, debiendo señalarse que entre los mismos hay legisladores independientes o borocotistas, algo que acaba de ser prohibido en Brasil donde, el cambiarse de partido, era muy frecuente.

En esta reforma constitucional se deslizaron dos errores, desde mi enfoque, como fueron bajar la edad mínima de los legisladores de 21 a 18 años, sin que una demanda juvenil, social o política así lo requiriera, lo que permitía que pudiera haber legisladores civilmente incapaces, aunque entiendo que luego no se elegieron legisladores de esa edad; y se exageró la acción afirmativa del “cupo por sexos” al imponer que las suplencias de los legisladores no se cubrirían en el orden de lista por el que fueron votados, sino por sexos, aunque saltearan a otros, que estuvieran antes en las listas, lo ya no sólo cambia el orden de las mismas, que de haberse reglamentado incluso podrían haber sido modificadas por el voto de preferencia, sino que distorsiona la voluntad popular. Recordemos que lo que se quiso con la ley nacional de cupo era ampliar la participación femenina en las candidaturas pero no alterar el sentido y las preferencias del voto del electorado. 

La reforma no se continuó por la crisis de finales de ese mismo año 2001 y por falta de voluntad políticas, y no se reglamentaron, o se reglamentaron mal, alguno de los cambios que se hicieron en la Constituyente. En la Legislatura unicameral se aprobó un Reglamento interno, que mantuvo una cláusula que tenía el Reglamento del antiguo Senado que es contraria a lo que establecen casi todos los reglamentos parlamentarios del mundo, por el que los asuntos entrados pueden ser tratados “sobre tablas” con la aprobación del voto de la mayoría simple del Cuerpo, lo que ha hecho que las iniciativas del Ejecutivo, que tenía mayoría en ese Cuerpo, entraran y salieran aprobadas, casi sin estudio ni debate, en el día. Tampoco se modificó la división departamental de la provincia, manteniéndose -con pocas variaciones- la diseñada en el siglo XIX, frustando el propósito del constituyente que pretendía una división departamental más equilibrada, hecha con criterio regional, no sólo teniendo en cuenta las afinidades históricas; territoriales; de infraestructura; de comunicaciones; sino también por la cantidad y distribución de la población; las necesidades de servicios o de la producción. Esta omisión hace menos genuina la representación territorial y menos eficaz la gestión del legislador que, en algunos casos, deben atender los intereses de sus votantes en poblaciones superpobladas, como por ejemplo en el departamento Capital, que actualmente supera el millón y medio de habitantes, a diferencia de otros que representan unos pocos miles de habitantes, como los de los departamentos Pocho y Minas. A los defectos funcionales de la Legislatura unicameral se le sumó, como negativo, la poca atención que le brindaron los medios de prensa a sus debates y la poca difusión de lo que en la misma se trata y decide.  

A estas falencias deben agregarse la profunda crisis que sufrieron los partidos históricos como el Justicialista, el Radical, entre los mayores, y la Democracias Cristiana, los socialistas y los conservadores, entre los de menos peso electoral; el fraccionamiento de la política y de los partidos, la pretensión de sustituirlos por liderazgos personales, muchas veces sostenidos por el clientelismo político o por la fama adquirida en los medios de comunicación desde otras actividades sociales que poco tienen que ver con la política, como el deporte, el espectáculo, etcétera; o la clara intención de convertir a los partidos en sellos o formatos jurídicos que sólo sirven para legalizar la presentación de candidaturas en las elecciones, o integrar alianzas o sumatorias de votos; el no funcionamiento, a nivel provincial, del Consejo de Partidos Políticos creado en la Constitución de 1987; todo lo cual ha contribuido a la destrucción del sistema de partidos. En los últimos tiempo se han dado otras formas o prácticas que expresan y acentúan el fraccionamiento político, como la instauración en algunos distrito de la ley de lema; las sumatoria de votos; la prolongación de las alianza electorales después de las elecciones, a modo de coaliciones políticas; la designación de candidatos por los partidos, sumatorias o alianzas sin elecciones internas; la presentación como candidatos a las elecciones general de quienes perdieron o no se presentaron a las elecciones internas de su partidos mediante otro partido o alianza electoral; o la práctica del borocotismo o del tranfugismo.   

LA CRISIS DEL 2 DE SETIEMBRE 

Las elecciones en Córdoba del 2 de setiembre de 2007, en el tramo de gobernador y vicegobernador, han  sido novedosas porque han traído a nuestro país, algo que viene sucediendo en el mundo, como son las elecciones reñidas o casi empatadas, como lo fueron las de EEUU en 2000, las de Italia, Alemania Federal, México, Honduras y Costa Rica, y que luego se repitió en la provincia de Chaco.

En la historia de Córdoba ello ya había sucedido en las elecciones de 1913, en que la fórmula oficialista Ramón J. Cárcano y Félix Garzón Maceda le ganó por 176 votos a la de los radicales Julián Amenabar Peralta y Jesús Vaca Narvaja; lo que creó una situación conflictiva donde incluso hubo muertos y heridos. La segunda fue el  24 de febrero de 1946 donde los peronistas, Argentino S. Auchter y Ramón Asís, derrotaron por 183 sufragios a los radicales Antonio Medina Allende y Juan Irós, lo que trajo un conflicto que terminó al año siguiente con una intervención federal  

En el caso de las del 2 de setiembre se le sumó un prolongado y desprolijo estrutinio, que ha desnudado toda la obsolecencia y defectos de nuestro sistema electoral, por un lado, pero además, y esto es lo más grave, ha puesto a la luz los graves defectos de nuestro sistema político y la negligencia de quienes no supieron, no quisieron o postergaron por negligencia la reforma política que era imprescindible, desde 1983.

Como consecuencia que ello se propusieron fórmulas mágicas, de “solución inmediata”, como apartarse del Código Electoral, pasando por alto el escrutinio de mesa y el escrutinio definitivo, y que se hiciera el conteo de las boletas abriendo las urnas; o se anulara la elección -como propuso algún candidato- y se las hiciera de nuevo; o que los electos no asumieran sus cargo para el que había sido elegido en los municipio u órganos legislativos; o el desconocimieno de la autoridad de la cosa juzgada decidida por los jueces; todo esto, acompañando de presiones, que iban desde las protestas callejeras, la sucesión de consignas a través de afiches que se repetían todos los días o lo que provenían de los medios de comunicación embanderados en una u otra causa; hasta los escrache o amenazas de juicio político a los jueces. Respecto de las “soluciones de fondo” se proponía, con un simplismo y superficialidad admirable, otras fórmulas mágicas como el balotaje, la supresión de la sumatoria de votos, el voto electrónico o el volver al bicameralismo para solucionar todos nuestros males.

Lo positivo de todo esto es que ya no hay pretexto para no debatir la reforma política, al menos en Córdoba, y que si ello lo queremos hacer en serio no tenemos que limitarnos o reducirla a cuestiones instrumentales o exclusivamente de nuestro sistema electoral, sino que tenemos que enfrentar los problemas de fondo, para lo cual tendremos que incursionar hasta en los fundamentos de nuestro sistema político y ver como se expresan en nuestras practicas políticas, en nuestras normas e instituciones. 

LOS PROPÓSITOS FUNDAMENTALES DE UNA REEFORMA POLÍTICA 

         La definición de los fines y propósitos de esta reforma pasa por los siguientes postulados:

1.    Poner la política al servicio del bien común y no de los políticos, de los partidos, de las corporaciones y demás actores sociales.

2.    Fortalecer el ingrediente valórico de la política, poniéndola al servicio de la persona y de la comunidad en la que se desarrolla, y exaltar los valores democráticos de libertad, la igualdad y la fraternidad. 

3.    Mejorar la calidad de la representación política para dar mayor legitimidad de la autoridad pública del Estado, sus organismos y funcionarios.

4.    Aumentar y mejorar las participación ciudadana no sólo en los comicios, sino en la vida política y social.

5.    Someter al irrestricto cumplimiento de la Constitución y la ley tanto a gobernantes  como a los ciudadanos.

6.    Hacer más transparente la política.

7.    Establecer y hacer cumplir las reglas de ética en el gobierno y la administración pública.

8.    Revisar la educación y capacitación política de ciudadanos y dirigentes.

9.    Fortalecer a los partidos políticos especialmente en lo que hace a su democracia interna, a la capacitación de sus dirigentes y a la difusión de su ideario.

10.   Buscar a través de procedimientos adecuados la idoneidad de quienes  ejercen cargos en el gobierno y la administración pública.

11.  Mejorar la información y difusión pública de los actos de gobierno y mejorar la omunicación entre instituciones, políticos y ciudadanos, promover el debate de ideas y poner límites a la propaganda y al marketing político.

12.  Suprimir y poner límites en la legislación, a los fondos secretos o reservados y los destinados a difusión de la actividad del Estado.

13.   Modernizar y hacer más eficientes las instituciones políticas. Jerarquizar al Congreso y a los órganos legislativos, suprimir los superpoderes presidenciales que nos han llevado a un hiperpresidencialismo, y hacer más independiente e idónea a la Administración de Justicia. Reforzar y hacer más eficientes a los órganos de control.

14.  Incorporar nuevas tecnologías al funcionamiento de las instituciones y al ejercicio de la política, especialmente de las denominadas del gobierno electrónico.

15.   Bajar el costo de la política.

16.   Desjudicializar la actividad política y despolitizar la Justicia.

17.   Mejorar las relaciones entre la política y el “tercer sector” (sociedades intermedias y ONGs).

18.   Compatibilizar lo político con los derechos del ciudadano.

19.   Regular y controlar el accionar de los lobbies.

20.    Reubicar la política en el marco de la globalización y a los partidos dentro de los contextos regionales e internacionales 

LAS REFORMAS

 

         Para conseguir estos propósitos es indispensable hacer algunas reformas institucionales, electorales y de educación política que a continuación se enumeran.

 

I.                   INSTITUCIONALES: 

         Las instituciones deben servir para hacer más participativa a la democracia, transparente la representación política, erradicar la corrupción, facilitar el debate, el consenso y hacer posible el diseño de políticas de estado, que acoten el disenso político, para lo cual hay que:

l   Revisar el número de legisladores, suprimiendo el inconstitucional mínimo de cinco por provincia en la Cámara de Diputados de la Nación y dictar la ley, que a pesar de lo que exige el artículo 45 la Constitución, no se ha dictado después de los dos últimos censos de población de los años 1991 y 2001,  que establezca el número de diputados que le corresponde elegir a cada provincia y a la ciudad autónoma de Buenos Aires que es la Capital Federal, en forma proporcional con los habitantes que tenga, ya que actualmente hay graves asimetrías, como la que padece la provincia de Córdoba, que tiene sólo 18 diputados, mientras que Santa Fe tiene 19, con un poco menos habitantes, y la ciudad de Buenos Aires 25, con menor cantidad que las otras dos provincias.

2.  Dejar sin efecto el piso del tres por ciento (3%) para que una lista de candidatos pueda acceder al reparto del sistema proporcional para ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación, que en la práctica sólo es aplicable en el distrito que elige el mayor número de diputados que es la provincia de Buenos Aires.

  Poner límites a las reelecciones en órganos ejecutivos; ya que algunos gobernadores de provincia tiene por sus constituciones posibilidad de reelección indefinida, como el caso de Santa Cruz Formosa y Santiago del Estero; y legislativos, en estos últimos no hay ningún límite ni en el orden nacional ni en el provincial.

4.   Dictar códigos y crear comisiones de ética en los órganos legislativos.

5.  Revisar y mejorar el funcionamiento, procedimiento y reglamentos de los órganos legislativos e impulsar la capacitación de legisladores, funcionarios y ciudadanos tanto en Derecho Parlamentario y como en técnica legislativa.

6.  Reducir el número de comisiones permanentes en la Cámara de Diputados de la Nación, que actualmente tiene 45, como ya hizo el Senado, que bajó de 47 a 24.

7       Difundir mejor a través de los medios de comunicación la labor del Congreso, especialmente la forma como votan los diputados y senadores.

8       Reducir la estructura de apoyo administrativo de los legisladores y establecer el concurso para el ingreso a cargos permanentes del Congreso.

9.     Limitar y regular la asignación de subsidios, pensiones, becas y planes de ayuda social que disponen los legisladores, candidatos y partidos políticos.

10.           Hacer unicameral algunas legislaturas provinciales (como ocurrió en Córdoba en la reforma constitucional de 2001), y darle a estos órganos mayor capacidad de debate y control de las politicas de los gobernadores.

11. Modificar la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia, la legislación delegada por el Congreso al Poder Ejecutivo y el veto presidencial, y que creó la Comisión Bicameral Permanente. Levantar el estado de emergencia en el orden nacional.

13.  Incorporar a la Auditoría General de la Nación, órgano de control externo dependiente del Congreso Nacional, a la Sindicatura General de la Nación, dependiente del Presidente de la Nación, y hacer un solo ente, poniendo a la cabeza del mismo no un organismo colegiado, como dispone actualmente la ley de Administración Financiera (24.156), sino a un presidente elegido por el partido político de oposición que tenga mayor cantidad de legisladores en el Congreso, como exige el artículo 85 de la Constitución. 

II. ELECTORALES:  

         Para llevar a cabo las reformas electorales sería importante unificar pautas legisladas en forma diferente a nivel nacional, provincial y municipal, para lo cual sería importante promover la sanción de leyes convenio que procuren unificar los requisitos, exigencias y controles sobre los partidos políticos, las campañas electorales,  los padrones electorales y la forma de elección.

Las pautas a revisar serían las siguientes:

1.      Facilitar las iniciativas y la consulta popular, para lo que hay que fexibilizar los requisitos exigidos hoy por las leyes reglamentarias nacionales, provinciales y municipales.

2.     Abolir las listas sábanas, o bloqueadas, para personalizar más la representación, y evitar el monopolio de las cúpulas de los partidos en la conformación de la listas de candidatos.

3.   Establecer el voto de preferencia para la elección de diputados nacionales y así desterrar las listas sábana. Hay quienes proponen también un sistema de tachas, pero por sus carácter negativo nos parece inconveniente, y otros proponen un sistema de voto por circunscripciones, que sólo sería de aplicación en los grandes distritos, o sea en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires que renuevan nueve o más diputados cada dos años, pero ello dejaría fuera de la Cámara a las minorías y en la misma no estaría reflejado todo el espectro electoral que en este momento es muy amplio. Algunas críticas, que no compartimos, señalan que el sistema de preferencias requiere un conocimiento de los candidatos que la gente no tiene, que la “cultura política de nuestro pueblo indica que muy pocos se tomarán el trabajo” de señalar la preferencia y que el cambio o desbloqueo se da sólo dentro de la lista que ofrecen los partidos, lo que no rompe con la”partidocracia”.

4.     Abolir el sistema electoral de “ley de lemas”, que existe en algunas provincias, porque confunde al elector por la gran cantidad de boletas que ofrecen los partidos o alianzas electorales en el “cuarto oscuro”.

5.    Separar las elecciones nacionales, provinciales y municipales, y unificar las fecha de su realización por cada nivel del estado por el que se vota.

6.     Suprimir las sanciones por no ir a votar, ya que votar es una obligación moral pero el que no quiere hacerlo puede “votar” en blanco, que es igual a no votar.

7.     Unificar el padrón masculino y femenino y hacer un padrón nacional electoral único dividido en distritos (actualmente los padrones son de los distritos electorales). Permitir, en consecuencia, que en los centros de votación puedan concurrir varones y mujeres y no que haya lugares donde sufragar separados por sexo

8.     Regular el voto de los sordomudos que no se dan a entender por escrito.

9.    Facilitar, y evitar de hacer oneroso, la obtención de documentos de identidad y los cambios de domicilio.

10.  Establecer el voto electrónico y establecer un sistema de votación equivalente al de la cédula única para emitir el voto.

11.  Permitir el voto por correo, como ocurre en Estados Unidos, para los que estarán ausentes del lugar de votación el día del comicio y para los discapacitados.

12.  Permitir que se vote en cualquier centro de votación y no en un lugar y mesa determinada.

13.            Estimular las elecciones internas abiertas en los partidos, tomando como ejemplo la reciente experiencia de la provincia de Santa Fe.

14.  Limitar el tiempo de las campañas electorales.

15.  Hacer cumplir y mejorar la reglamentación del uso y publicación de encuestas y sondeos de opinión, especialmente el día de la elección.

16.  Replantear el cupo femenino como acción afirmativa, transitoria, reducida a las candidatura, y no a los cargos electivos, y evitar el nepotismo.

17.  Facilitar a los candidatos la difusión de sus propuestas y promover debates en la campaña electoral en los espacios que oficialmente se provean en la televisión y en la radio.

18.  Evitar confundir a los votantes con las palabras e imágenes que se ponen en las boletas o cédulas electorales.

19.  Prohibir la entrega o promesa de asistencia social por parte de los candidatos a quienes son sus votantes.

20.  Prohibir la propaganda y difusión de la acción gubernamental durante las campañas electorales.

21.    Hacer más rigurosos los límites y controles en el financiamiento de las campañas electorales, y establecer controles eficientes e imparciales.

22.    Revisar la regulación legal de las alianzas electorales y establecerla para las sumatorias de votos y las coaliciones entre partidos políticos, que actualmente no está legislado.

 

III.    DE EDUCACIÓN POLÍTICA:

         Un balance de los últimos 24 años de vida democrática nos indica que el mayor fracaso lo encontramos en la educación política. Ningún régimen político es viable sin que se eduque a quienes mandan y a quienes obedecen. En la democracia constitucional esto es esencial por la complejidad de las responsabilidades y funciones que deben asumir tanto los ciudadanos como los mandatarios. También lo es por la multiplicidad de actores e instituciones que intervienen tanto para ejercer el poder, en sus distintas funciones, como para controlarlo, y por los reclamos de garantía y respeto de sus derechos que hacen los ciudadanos y las sociedades y asociaciones intermedias.       

         En el Siglo XX en la escuela secundaria hubo distintas etapas, signadas por el nombre de las materia dedicadas a la educación política.  Primero fue Instrucción Cívica, durante el peronismo se cambió por Cultura Ciudadana, con la “revolución libertadora” se la denominó Educación Democrática. Más tarde se la llamaría: Nociones de Derecho, Formación Cívica y Ciudadana o Educación Cívica.

         En las universidades también hubo cambio de nombres y contenidos a lo que se denomina Derecho Político, que nos viene de España; o Ciencia Política, que proviene de Estados Unidos; o Teoría del Estado. La facultades de ciencias políticas que había y hay en algunas universidades no fueron respuesta a esta necesidad. Sin embargo, después de 1983 el Derecho Constitucional cobró gran dimensión, y cobró un nuevo impulso después de la reforma constitucional de 1994, y su enseñanza se ha extendió a otras materias, nacidas de su propio contenido, como el Derecho Público Provincial y Municipal, el Procesal Constitucional, el Parlamentario, el Electoral y el de los Derechos Humanos.

         Los partidos políticos intentaron, también, este cometido con poco éxito, valiéndose, en muchos casos, de fundaciones creadas a ese efecto. En esta dirección encaminaron sus esfuerzos, también, algunas instituciones apartidarias del tercer sector, como Conciencia, Poder Ciudadano, Cippec, Fundación del Río de la Plata y las filiales de las fundaciones alemanas Konrad Adenauer (demócrata cristiana), Friedrich Ebert (socialista) y Friedrich Neuman (liberal), para poner sólo algunos ejemplos.

         En la reforma de 1994 se incorporó en el artículo 38 de la Constitución el reconocimiento de los partidos políticos a los que “El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.” La ley orgánica de los partidos políticos número 23.298, en su artículo 46, creó un “Fondo Partidario Permanente” por el que el Estado Nacional contribuye con las finanzas de los mismos, lo que recién se ha hecho efectivo en los últimos tiempos.

         La Constitución de Córdoba de 1987 estableció como principio y lineamiento de política educativa: “Incorporar obligatoriamente en todos los niveles educativos, el estudio de esta Constitución, sus normas, espíritu e institutos.” (art. 62 inc. 10)

         En la democracia es necesario educar al soberano, que es el pueblo, y al ciudadano, que lo integra, para que ejerza sus derecho y obligaciones cívicas, como simple votante, como afiliado o militante de algún partido político, como partícipe solidario de la vida ciudadana, como funcionario elegido por el pueblo o designado para ejercer una función pública.

Esta educación no debe limitarse a lo que puedan hacer los partidos políticos o algunas asociaciones no gubernamentales, debe alcanzar a todos los niveles del sistema, desde el jardín de infantes hasta en las universidades, y a la misma debe contribuir los medios de comunicación y lo que podríamos denominar la educación no formal, que tiene que ver con actos cívicos, patrióticos o la veneración de símbolos patrios.

         El contenido de esto debe abarcar el conocimiento de la historia y de la sociedad donde se desenvuelve, de su constitución y de los valores e instituciones que la misma expresa.

         Pero para que estos contenidos se incorporen a las vivencias de los educandos y modifiquen sus aptitudes, recordemos que no estamos hablando sólo de instrucción sino también de educación y formación política, es necesario que abarquen tanto la política agonal, o sea la lucha por el poder, como la arquitectónica, o sea la constructiva o constructora, y que no se limite a aspectos puramente instrumentales como puede ser el marketing o la sociología electoral, que son la moda del momento.

         La pedagogía a emplear deberá combinar la formación teórica con la práctica, ya que la política es ciencia, arte y virtud del bien común.

         En este propósito hay que comprometer a los partidos políticos, al sistema educativo, a las instituciones políticas del Estado, a las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación.

         Como conclusión podemos afirmar que tan importante y urgente como hacer cambios en la economía, en la infraestructura, o en lapolítica exterior es hacer la reforma política, para lo cual no es necesario -por ahora- una reforma constitucional, pero esta no debe hacerse en base a soluciones simplistas y mágicas, sino que debe ser el resultado de un debate donde prevalezca la sensatez, el estudio y, si es posible, que concluya con el consenso. Su eje central debe estar en fortalecer el protagonismo y la educación de los ciudadanos, estimulando su participación, valorando su opinión y poniendo al servicio de los mismos las instituciones y a los políticos.

                                               Córdoba, octubre de 2007. 

(*) Es profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación.